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Ana Lucrecia responde a ello con algunas explicaciones: "La sujeción al autoritarismo, tan
arraigado en Guatemala, [...] el intenso terror vivido por los guatemaltecos pudo haber movido
irracionalmente a una parte de la población a votar por el general para no exponerse al castigo
al que daría lugar su desafección". De otra manera no se explica que el FRG ganara en el
Quiché, el departamento más castigado por los operativos de tierra arrasada y las masacres.
"Además del miedo y una cultura de la violencia transmitidos de generación en generación,
también sus simpatizantes en las zonas rurales, casi todos antiguos miembros de una peculiar
milicia que llegó a reducir a un millón de campesinos indígenas, se encargaron de sembrar
amenazas contra los detractores del general [Ríos Montt]".
Este alegato contra la impunidad pone en tela de juicio la supuesta democratización del
estado guatemalteco. Para esta exiliada el ejército sigue presentando las mismas características
que durante la dictadura y lo define como "una formación perversa vinculada estrechamente a
los más grandes intereses económicos nacionales, representados por el Comité Coordinador de
Asociaciones Agrícolas, Industriales y Financieras (CACIF), y de las potencias extranjeras".
Denuncia también que algunos de los más conocidos responsables de actos de violencia durante
los gobiernos militares desempeñen cargos públicos en la actualidad (ministros, diputados y
asesores presidenciales). Entre ellos, destaca al Ministro de Gobernación Byron Barrientos, a
Jacobo Salán, Jefe del Estado Mayor Presidencial hasta agosto de 2000 y, como no, al
Presidente del Congreso de la República, Efraín Ríos Montt.
82
Los militares han mantenido intacto su poder y continúan reaccionando con violencia contra
cualquier persona u organización que se les enfrente. Sus ataques y amenazas se han dirigido
indistintamente contra jueces, magistrados u organizaciones de derechos humanos. Y el
rendimiento que de los recovecos del derecho obtienen sus abogados es realmente asombroso.
Sirva como ejemplo el caso citado por Ana Lucrecia Molina (uno de los últimos y más graves
escándalos políticos ocurridos en Guatemala): en julio de 2000, y dentro del marco de las
reformas fiscales, el Congreso aprobó un decreto por el que se aumentaban los impuestos sobre
la distribución de bebidas alcohólicas, destiladas, cervezas, otras bebidas fermentadas y bebidas
gaseosas. Días después, el decreto fue publicado en el Diario Oficial y los miembros de la
oposición quedaron estupefactos al descubrir que las tablas impositivas publicadas en el decreto
eran completamente diferentes a las aprobadas en el Congreso. A la vista de estas
circunstancias, un grupo de diputados presentó una denuncia, por alteración de la ley, ante el
Ministerio Público. Al ser solicitadas pruebas de la sesión legislativa, los diputados del FRG (en
el poder) argumentaron que se habían perdido las copias taquigráficas y que por error habían
sido borrados los cassettes de sonido y de vídeo donde habitualmente se graban las sesiones del
pleno. Lo que sí tenían, y pudieron aportar, era el diario de sesiones del Congreso que había
sido falsificado (en el mismo figuraban las firmas de 24 diputados del FRG miembros de la
Junta Directiva del Congreso, entre ellos el Presidente Efraín Ríos Montt). Al darse cuenta de
este hecho, los diputados de la oposición interpusieron una demanda ante la Corte Suprema de
Justicia (CSJ), aportando como pruebas las grabaciones de los debates realizados por una
periodista. Al poco tiempo de iniciarse las investigaciones, las evidencias comenzaron a dejar
claro que también había miembros del gobierno implicados en el fraude y el FRG dio inicio a su
plan ante las denuncias judiciales: silencio en la prensa, defensa conjunta de todos los
diputados, utilización de recursos de amparo para lograr que no se retire inmunidad a sus
diputados y ofensiva política contra la oposición. En los siguientes seis meses, el partido en el
poder se limita a ir presentando recurso tras recurso (hasta cinco) con el único fin de retrasar
todo lo posible el desarrollo del proceso. Al tiempo, diversos magistrados de la Corte de
Constitucionalidad (CC) y de la CSJ denuncian que han recibido amenazas de muerte.
Comienza entonces el pulso entre el partido gobernante y los tribunales de justicia; cuando la [ Pobierz całość w formacie PDF ]
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Ana Lucrecia responde a ello con algunas explicaciones: "La sujeción al autoritarismo, tan
arraigado en Guatemala, [...] el intenso terror vivido por los guatemaltecos pudo haber movido
irracionalmente a una parte de la población a votar por el general para no exponerse al castigo
al que daría lugar su desafección". De otra manera no se explica que el FRG ganara en el
Quiché, el departamento más castigado por los operativos de tierra arrasada y las masacres.
"Además del miedo y una cultura de la violencia transmitidos de generación en generación,
también sus simpatizantes en las zonas rurales, casi todos antiguos miembros de una peculiar
milicia que llegó a reducir a un millón de campesinos indígenas, se encargaron de sembrar
amenazas contra los detractores del general [Ríos Montt]".
Este alegato contra la impunidad pone en tela de juicio la supuesta democratización del
estado guatemalteco. Para esta exiliada el ejército sigue presentando las mismas características
que durante la dictadura y lo define como "una formación perversa vinculada estrechamente a
los más grandes intereses económicos nacionales, representados por el Comité Coordinador de
Asociaciones Agrícolas, Industriales y Financieras (CACIF), y de las potencias extranjeras".
Denuncia también que algunos de los más conocidos responsables de actos de violencia durante
los gobiernos militares desempeñen cargos públicos en la actualidad (ministros, diputados y
asesores presidenciales). Entre ellos, destaca al Ministro de Gobernación Byron Barrientos, a
Jacobo Salán, Jefe del Estado Mayor Presidencial hasta agosto de 2000 y, como no, al
Presidente del Congreso de la República, Efraín Ríos Montt.
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Los militares han mantenido intacto su poder y continúan reaccionando con violencia contra
cualquier persona u organización que se les enfrente. Sus ataques y amenazas se han dirigido
indistintamente contra jueces, magistrados u organizaciones de derechos humanos. Y el
rendimiento que de los recovecos del derecho obtienen sus abogados es realmente asombroso.
Sirva como ejemplo el caso citado por Ana Lucrecia Molina (uno de los últimos y más graves
escándalos políticos ocurridos en Guatemala): en julio de 2000, y dentro del marco de las
reformas fiscales, el Congreso aprobó un decreto por el que se aumentaban los impuestos sobre
la distribución de bebidas alcohólicas, destiladas, cervezas, otras bebidas fermentadas y bebidas
gaseosas. Días después, el decreto fue publicado en el Diario Oficial y los miembros de la
oposición quedaron estupefactos al descubrir que las tablas impositivas publicadas en el decreto
eran completamente diferentes a las aprobadas en el Congreso. A la vista de estas
circunstancias, un grupo de diputados presentó una denuncia, por alteración de la ley, ante el
Ministerio Público. Al ser solicitadas pruebas de la sesión legislativa, los diputados del FRG (en
el poder) argumentaron que se habían perdido las copias taquigráficas y que por error habían
sido borrados los cassettes de sonido y de vídeo donde habitualmente se graban las sesiones del
pleno. Lo que sí tenían, y pudieron aportar, era el diario de sesiones del Congreso que había
sido falsificado (en el mismo figuraban las firmas de 24 diputados del FRG miembros de la
Junta Directiva del Congreso, entre ellos el Presidente Efraín Ríos Montt). Al darse cuenta de
este hecho, los diputados de la oposición interpusieron una demanda ante la Corte Suprema de
Justicia (CSJ), aportando como pruebas las grabaciones de los debates realizados por una
periodista. Al poco tiempo de iniciarse las investigaciones, las evidencias comenzaron a dejar
claro que también había miembros del gobierno implicados en el fraude y el FRG dio inicio a su
plan ante las denuncias judiciales: silencio en la prensa, defensa conjunta de todos los
diputados, utilización de recursos de amparo para lograr que no se retire inmunidad a sus
diputados y ofensiva política contra la oposición. En los siguientes seis meses, el partido en el
poder se limita a ir presentando recurso tras recurso (hasta cinco) con el único fin de retrasar
todo lo posible el desarrollo del proceso. Al tiempo, diversos magistrados de la Corte de
Constitucionalidad (CC) y de la CSJ denuncian que han recibido amenazas de muerte.
Comienza entonces el pulso entre el partido gobernante y los tribunales de justicia; cuando la [ Pobierz całość w formacie PDF ]